Descripción del episodio
Casi un mes después de los terremotos que sacudieron la zona central de Venezuela, cada día se inspeccionan decenas de infraestructuras en búsqueda de daños que representen peligro para las personas. El Banco Mundial estimó en unos 19 500 millones de dólares los daños físicos directos, y sugirió una alianza pública y privada para afrontar la reconstrucción. Reportaje de nuestro corresponsal en Venezuela, Victor Amaya. Golpear paredes y tumbar frisos para llegar a columnas y vigas es el paso fundamental para determinar si las consecuencias del doble sismo implican un desalojo completo de la estructura. El gobierno de Delcy Rodríguez afirma que ya ha revisado más de 20 mil edificios. Lo hace con una metodología acordada con el gremio de ingenieros del país y aplicando un sistema que han llamado el semáforo: etiquetas de colores para determinar el estatus de una infraestructura. Se aplica el color verde para aquellas con daño leve, pero seguras. Amarillo para afectaciones parciales en paredes o fachadas, por lo cual se restringe el acceso. Y rojo para los edificios colapsados o con daños graves, que no deben ser habitados. “Después del amarillo y rojo, empieza a haber una segunda instancia de revisión que va a permitir un estudio más profundo que va a llevar a reparar con unas guías técnicas que se están dando”, precisó el ministro de Transporte Francisco Garcés. En Catia, una populosa comunidad caraqueña, encontramos al ingeniero Rigel Sergent, de la comisión presidencial, evaluando varios edificios. Le ponía una etiqueta roja a uno de ellos, debido a la corrosión en sus columnas causadas por filtraciones previas pero con daños acentuados por los terremotos. “Decidimos que lleva etiqueta roja porque hay que apuntalar y hay que disminuir las cargas el uso de varios inmuebles, en especial en esta área”. El trabajo gubernamental no se da abasto con las solicitudes. Todos quieren saber si el techo bajo el que duermen es
